Tráfico de Armas

A primera vista el Tráfico de Armas, (de forma paralela al narcotráfico) se presenta como el problema que más incide en la seguridad de un Estado, debido principalmente a que por su carácter clandestino quedan fuera del control de las autoridades y son utilizadas tanto por los grupos guerrilleros como por grupos paramilitares (en el caso de Colombia) que despedazan la concentración y el monopolio de la fuerza de una región.

  •  La disolución de la Unión Soviética, la invasión de los Estados Unidos a Panamá, los problemas de Haití, la reducción del Ejército Popular Sandinista, los intentos de golpe de estado en Venezuela, las FARC en Colombia, así como los procesos de pacificación de El Salvador y Guatemala, han dejado un gran número de armas flotantes que en la mayoría de los casos han tenido como destino final las organizaciones al margen de la ley que operan en varios países, entre ellos Colombia, además del libre comercio de material de guerra existen en países como Estados Unidos y Ecuador y el mercado negro, han permitido el ingreso a Bolivia de un elevado número de armas de diferentes tipos.

Estos factores hacen que Bolivia sea considerada como país con índices de contrabando y tráfico de material de guerra, despertando una visión clara de las grandes utilidades obtenidas de este negocio; mayor aún

Todo el material de guerra y de explosivos que ingresa ilícitamente a Bolivia llega a manos de las organizaciones narcoterroristas, grupos de justicia privada, narcotraficantes, terroristas, delincuencia en general, Sicarios, grupos delincuenciales organizados, paramilitares, tratantes de personas, cooperativas mineras, y otros.

Consecuente con lo anterior, este fenómeno debe merecer especial atención del Estado Boliviano y sus autoridades, para trazar planes que permitan neutralizar el contrabando de armas hacia nuestro país, ya que existe una fluida red de comercialización para ubicar el material bélico en diferentes regiones del país, las que posteriormente son vendidas a distintas organizaciones sociales y civiles.

La Ley No. 400, Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, en su primer artículo refiere de la siguiente manera: La presente Ley tiene por objeto normar, regular y controlar la fabricación, importación, exportación, internación temporal, comercialización, enajenación, donación, transporte, tránsito, depósito, almacenaje, tenencia, manipulación, empleo, porte o portación, destrucción, desactivación, rehabilitación, registro, control, fiscalización, secuestro, incautación, confiscación y otras actividades relacionadas con armas de fuego, municiones, explosivos, materias primas clasificadas tendientes a la fabricación de explosivos, fuegos artificiales o pirotécnicos, sus piezas, componentes y otros materiales relacionados, en el marco de la Seguridad y Defensa del Estado y de la Seguridad Ciudadana.

Actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de esta Ley. Con esta ley se busca mejorar las condiciones de seguridad de la población, garantizar la convivencia pacífica y la vida de las personas, que va a permitir reducir los índices de violencia que se están presentando en el país y seguramente va a minimizar el tráfico de armas que se produce en nuestro territorio”.

El texto legal abre un programa de registro y de desarme voluntario que da a los ciudadanos seis meses para registrar sus armas de fuego ante las autoridades, o incluso entregarlas a cambio de incentivos.

La autorización, control, registro y fiscalización de la importación y fabricación de armas de fuego, municiones y explosivos es, según la norma, “competencia privativa del Gobierno” boliviano. Las armas de todo tipo que los ciudadanos tengan en sus domicilios deberán ser registradas ante el Registro General de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, instancia que dependerá del Ministerio de Defensa.

También se prevé que las armas de uso militar y policial cuenten con su propio registro específico y prohíbe a los miembros de esos cuerpos el uso del arma reglamentaria cuando no estén de servicio.

Además, la norma crea el Plan de Desarme Voluntario Anónimo, que permitirá que los ciudadanos que tengan armas, sobre todo de uso militar o policial, puedan entregarlas al Ministerio de Defensa a cambio de un incentivo.

La nueva ley precisa que los organismos internacionales y representaciones diplomáticas que pidan introducir al país armas de fuego para uso exclusivo de protección de su personal o de su infraestructura deberán pedir una licencia al departamento de Defensa a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La ley establecerá sanciones duras para quienes incurran en los delitos vinculados al tráfico y comercio ilegal de armas, pero también para el robo en los cuarteles policiales y militares. La tenencia ilícita de armas será sancionada con una pena de dos a seis años, y el porte ilegal, de uno a cinco años, pero las penas se agravarán en un tercio si se trata de armamento militar. La fabricación ilegal de armamento se castigará con una pena de cuatro a ocho años, pero si el implicado está relacionado con una organización delictiva la condena será de cinco a diez años. El comercio ilegal de armas de fuego, explosivos y municiones tendrá un castigo de diez a quince años de cárcel, pero la sanción aumentará hasta los veinticinco años si la implicada o implicado forma parte de una organización criminal, y hasta los treinta sin indulto si el traficante pertenece a las Fuerzas Armadas o la Policía.

La fabricación ilegal de armamento se castigará con una pena de cuatro a ocho años, pero si el implicado está relacionado con una organización delictiva la condena será de cinco a diez años. El comercio ilegal de armas de fuego, explosivos y municiones tendrá un castigo de diez a quince años de cárcel, pero la sanción aumentará hasta los veinticinco años si la implicada o implicado forma parte de una organización criminal, y hasta los treinta sin indulto si el traficante pertenece a las Fuerzas Armadas o la Policía.

Se prohíbe asimismo la fabricación y venta de armas no convencionales como químicas o biológicas y se establece un procedimiento de adquisición de armamento para “transparentar la forma en que las entidades estatales y privadas pueden adquirirlas”. Además, los requisitos básicos para obtener licencia de armas en el país incluyen ser mayor de 21 años, presentar un documento de identidad y certificado de residencia, documento de propiedad del arma, que pasará una prueba de balística, y no tener sentencia ejecutoriada por delitos sancionados con privación de libertad.

CONTROL DE ARMAS: El Estado puede regular el derecho a portar armas de las personas con el objetivo de garantizar la seguridad de los demás ciudadanos. En este sentido, existe un gran abanico de niveles de regulación de armas, desde países que prohíben toda fabricación, comercio, posesión y uso de armas de cualquier tipo hasta países más permisivos.

El Tráfico de Armas es el tercer rubro ilegal más lucrativo del mundo: El tráfico de drogas es un negocio ilícito que genera muchos ingresos y, por tanto, rivalidades entre organizaciones criminales que suelen ser violentas. Además, la droga es potencialmente peligrosa para la salud y genera dependencia, lo que mueve a las personas a infringir la ley para obtener más droga. En este sentido, la Seguridad Ciudadana previene y lucha contra el Tráfico de Drogas. Situaciones parecidas de inseguridad ciudadana generan tanto el tráfico de personas como el tráfico de armas, con el agravante de que estas actividades ponen en serio riesgo la libertad y la seguridad de personas ajenas a estas actividades